Publicado el 10 de abril de
2014 11:15 am |
(Caracas, 10 de abril. Nota de
prensa)- Para resguardar los derechos del pueblo y fortalecer la soberanía, el
intendente de Protección de los Derechos Socioeconómicos, Mayor General (M/G),
Luis Motta Domínguez, inauguró en Santa Elena de Uairén, estado Bolívar,
frontera con Brasil, la primera Oficina de
Fiscalización Municipal.
Explicó que la acción
fiscalizadora del Estado no se circunscribe solo a los centros comerciales y a
zonas más pobladas, sino por el contrario, abarca todos y cada uno de los
municipios. “En este caso inauguramos este centro piloto en el Municipio Gran
Sabana, (a unos 1.300 kilómetros de Caracas) donde habitan cerca de 30 mil
personas, con una presencia importante de compatriotas de la etnia Pemón”,
dijo.
Detalló que esta oficina de la
Superintendencia de Precios Justos inspeccionará, fiscalizará e investigará la venta de bienes y servicios, tal y
como lo establece la Ley de Precios Justos en su artículo 16. “La principal
guía de acción serán las denuncias que los propios habitantes del lugar
realicen en contra de la especulación, la usura y el contrabando de
extracción”, apuntó.
Destacó el trabajo del Servicio
Autónomo de Administración Aduanera (Seniat) y de la Guardia Nacional
Bolivariana (GNB) para impedir el contrabando de extracción hacia Brasil.
Anunció que se han realizado decomisos importantes, sobre todo, de productos de
higiene personal, cuyo precio está regulado en
Venezuela pero no en el vecino país.
Informó que “se retuvieron 4
chalanas con un importante cargamento de contrabando que se dirigían a San
Félix y agregó que en total, durante el año 2014 se han decomisado en esta
frontera 13 toneladas de productos”, agregó.
El M/G Motta Dominguez comentó
que los comisos son puestos a la disposición
del pueblo a través de ventas supervisadas u ofrecidos con fines sociales
según lo indica el artículo 39 de la Ley Orgánica de Precios Justos.
Aseguró que a diferencia de
otras zonas fronterizas donde el contrabando de extracción es alto, en este
punto el arduo trabajo de las fuerzas de seguridad de ambos países impiden este
delito.
Finalizó invitando a los
comerciantes del estado Bolívar a realizar
su inscripción en el Registro Único de Personas que realicen Actividades
Comerciales (RUPDAE) a través del portal de la
Superintendencia de Precios Justos. “Los sujetos de aplicación de la Ley tienen
que realizar este trámite de manera obligatoria para evitar ser sancionados“.
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