¿Por qué una Ley de
costos, ganancias y precios justos?
Andreina Tarazón
A
finales de 2013, el Gobierno Bolivariano inspeccionó
una gran muestra de establecimientos
comerciales, comprobando ganancias especulativas en la mayoría de ellos. Gracias a este operativo se logró
una reducción significativa de los precios que ayudó
a desacelerar el INPC: en octubre 5,1%, en noviembre
4,8% y en diciembre 2,2%. La especulación desatada en octubre hubiese podido
causar un incremento de 6% y más en los meses siguientes, pero las medidas de
inspección permitieron revertir esta tendencia.
Para
enfrentar y derrotar esta ola especulativa, el presidente Nicolás Maduro dictó
el Decreto con
rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos, y creó la Superintendencia de Defensa de los Derechos
Socioeconómicos (SUNDEE), la cual nace con el mandato de evitar que se repitan
tales excesos y, por tal razón, se encargará del análisis de las estructuras de
costos, la fijación del porcentaje máximo de ganancia y la fiscalización de la
actividad económica y comercial, a fin de proteger la capacidad adquisitiva de
los ingresos de la ciudadanía.
Hasta EE.UU. y la U.E. lo
hacen
Estas medidas tomadas para defender el justo acceso
de las personas a los bienes y
servicios que requieren para satisfacer sus necesidades no
son nada nuevas, ni tampoco Venezuela es el único país donde se aplican. Desde principios
del pasado siglo XX, los EE.UU. administran controles para evitar la formación
de monopolios que abusen de su posición de dominio e impongan precios con ganancias
exorbitantes que perjudiquen a los consumidores y usuarios. Por eso crearon la
Comisión Federal de Comercio (FTC), cuyo mandato es proteger los derechos de los ciudadanos
estadounidenses, a través de la prevención y castigo de prácticas abusivas.
Para proteger a los ciudadanos, la FTC puede
establecer límites en los precios y sanciones civiles a quienes violen el marco
legal y regulatorio. Con ese fin, establecen sanciones penales y multas que
llegan hasta $ 150 millones (caso de las refinerías y otros mayoristas) y hasta
$ 2 millones para vendedores minoristas que manipulen los precios (caso de la
gasolina, diésel y combustible para calefacción). En este contexto, y según
datos de la Reserva Federal, en el año 2012 las empresas estadounidenses
registraron tasas de ganancia máximas de 12,8%.
En el caso de la Comisión Europea -a través del Comité
de Asuntos Económicos y Monetarios- se realiza un monitoreo
permanente para evitar la formación de monopolios y oligopolios que impongan
precios especulativos y afecten a los ciudadanos europeos. Un ejemplo reciente es
el caso de los bancos Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland, JP Morgan,
Citigroup, Societe Generale y RP Martin, que fueron multados por un monto de € 1.700
millones por manipular las tasas de interés referencial. En este contexto, y según
datos de la Comisión Europea, en el año 2012 las empresas del viejo continente registraron
tasas de ganancia máximas que van de 7,7% en Alemania, un 8,2% en Francia y 11,5% en Gran Bretaña.
En Venezuela, el margen
máximo de ganancia se fijó en 30%. Si bien el precio de venta se presenta como
la sumatoria del costo más la ganancia, para un análisis riguroso se requiere
información desagregada, veraz y completa. Por ésta razón, las empresas deben suministrar
los medios probatorios de la estructura de costos y, sobre esta base, determinar
márgenes de ganancias razonables que permitan fijar precios justos. Sobre todo
en el caso de los productos importados que, como quedó demostrado, a pesar de
recibir dólares preferenciales luego se vendían a un precio calculado con base
en el dólar paralelo.
La misión de la SUNDEE
A fin de ejercer eficientemente el control de costos, ganancias y
determinar precios justos, todos los órganos de la Administración Pública con
competencia en las materias relacionadas, están llamados a coordinar acciones
con la SUNDDE, bajo la rectoría de la Vicepresidencia Económica. Gracias a este
esfuerzo articulado, el uso de las divisas preferenciales será
estrictamente supervisado a fin de evitar más fraudes a la Nación y garantizar que
se cumpla el uso para el cual fueron otorgadas. En conjunto, supervisaremos que
los bienes adquiridos o producidos con divisas preferenciales estén debidamente
identificados mediante una etiqueta que permita informar al consumidor sobre la
procedencia de las divisas.
La SUNDEE tiene la obligación legal de proveer al Ejecutivo Nacional
información y recomendaciones necesarias para el diseño e implementación de
políticas dirigidas al control de la inflación y la regulación de precios. En
ese sentido, estaremos muy atentos al impacto de los factores fiscales,
monetarios y cambiarios en la evolución de los precios, a fin de contribuir a
crear un ambiente macroeconómico que facilite la labor de la SUNDEE.
Actualmente estamos abocados al diseño de las políticas de regulación y
control, así como a la elaboración de las metodologías y condiciones institucionales -tanto humanas
como tecnológicas y de infraestructura-, para poder cumplir con la misión de fijar
precios justos tanto para el consumidor como para el productor. Nuestro
compromiso institucional se orienta a proteger los ingresos de la ciudadanía,
particularmente de los sectores que viven de un salario fijo. Así contribuimos
a la construcción de un orden económico socialista, centrado en la satisfacción
de las necesidades del ser humano. Esa es nuestra misión y
la vamos a cumplir.
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