Caracas,
22 May. AVN.- La Superintendencia de Precios Justos publicó en la Gaceta
Oficial 40.415, que circuló este jueves, su reglamento orgánico, que detalla su
estructura organizativa y las funciones de sus dependencias.
La
institución, nacida en enero pasado con la entrada en vigencia de la Ley
Orgánica de Precios Justos, está integrada por los despachos de la
Superintendente; el Intendente de Costos, Ganancias y Precios Justos; y el Intendente
de Protección de Derechos Socioeconómicos.
Un
aspecto novedoso dentro de la estructura del despacho de la Superintendente,
cargo que ocupa Andreína Tarazón, es la Oficina de Formación, Participación y
Atención al Poder Popular, que está encargada de promover la intervención de
las comunidades organizadas y otras formas asociativas en la implementación de
la Ley, que, entre otros aspectos, vela por un desarrollo armónico de la
economía y enfrenta con firmeza los delitos de especulación, acaparamiento y
contrabando.
Esta
Oficina tiene entre sus funciones implementar mecanismos para hacer efectiva la
corresponsabilidad de las comunidades en la aplicación del instrumento legal,
así como fomentar proyectos socioproductivos en las comunidades para garantizar
el abastecimiento de productos a precios justos.
Por los
precios justos
Es el
despacho del Intendente de Costos, Ganancias y Precios Justos, que está en
manos de Karlín Granadillo, el encargado de determinar los precios justos en
cualquiera de los eslabones de las cadenas de producción o importación,
distribución y consumo; además de fijar los precios máximos y márgenes de
ganancias de cada cadena.
La Ley
precisa que la ganancia máxima de cualquier actividad económica en Venezuela no
podrá superar 30% de su estructura de costos, y también plantea que se pueden
establecer márgenes por determinada cadena, siempre respetando el límite de
30%.
Además,
debe diseñar e implementar las metodologías para identificar los componentes de
la estructura de costos de los bienes producidos, importados y comercializados,
y de los servicios prestados en el país, para determinar cuáles intervienen en
la determinación del precio.
La
Intendencia de Costos también coordinará y supervisará el Registro Único de
Personas que Desarrollan Actividades Económicas (Rupdae), que se activó a
finales de marzo y en el que deben inscribirse todos los empresarios de manera
obligatoria.
La
defensa de derechos
Las
inspecciones y fiscalizaciones en las entidades económicas son responsabilidad
del Intendente de Protección de los Derechos Socioeconómicos, que está a cargo
de Róger Celestino Prepo García.
Esta
Intendencia debe tramitar y decidir los procedimientos administrativos
sancionatorios, imponer las sanciones y, además, fijar las condiciones
generales de la oferta, promoción y publicidad de bienes y servicios.
El
Gobierno impulsa una ofensiva económica dirigida a impulsar la producción y
garantizar abastecimiento y precios justos. En esta tarea, la Superintendencia
tiene un papel fundamental en las fiscalizaciones que se han activado desde
finales de abril por todo el país para velar por los precios justos y el
cumplimiento de la Ley.
Desde el
29 de abril pasado, el organismo ha publicado listado de precios justos de
tiendas de ropa, electrodomésticos, vehículos y algunos rubros alimenticios.
En
febrero, la Superintendencia publicó los criterios que utiliza para la
determinación de las estructuras de costos y precisó que el costo real de la
producción se definirá según varios criterios: costos de adquisición de
materiales y materias primas y los de conversión o transformación hasta su
forma final.
AVN 22/05/2014
11:10
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